Publicado por www.lanacion.com.ar
Es preciso abandonar extravíos que esconden turbias intenciones pecuniarias y que la Justicia deseche infundadas denuncias contra oficiales
La insistencia de fiscales federales pidiendo la detención de militares por hechos presuntamente ocurridos en 1982, pretendiendo encuadrarlos bajo la calificación de “lesa humanidad”, que los torna imprescriptibles, involucra a un centenar de imputados. Cabe señalar que las primeras denuncias sobre supuestas torturas y maltratos a conscriptos en las Islas Malvinas se radicaron a 25 años de la guerra, largamente transcurrido el plazo razonable de juzgamiento, motivo por el cual apelar a los delitos definidos por el Estatuto de Roma como de lesa humanidad se volvió la única alternativa posible para los denunciantes, una grosería jurídica inadmisible.
Nada debería manchar el homenaje a tantos valerosos excombatientes, algunos de los cuales dejaron sus vidas en las islas. Sin embargo, es también ocasión para separar la paja del trigo. Algunas organizaciones de veteranos de dudosa composición se montaron sobre el espíritu revanchista que tan lamentablemente alimentó por años el kirchnerismo. No se trató ni se trata de una cuestión moralmente válida, toda vez que el motor principal no ha sido otro que el económico. Asociar absurdamente el accionar de las Fuerzas Armadas contra el terrorismo con su desempeño en las islas es tergiversar una vez más la historia con un afán netamente lucrativo. El ingrediente de la clandestinidad estuvo claramente ausente en las islas y las normas que rigieron la operatoria militar fueron las entonces vigentes, con órdenes emitidas por superiores militares debidamente identificados que condujeron a sus subalternos, de acuerdo con reglamentos militares, en un escenario de guerra. Equiparar medidas disciplinarias con delitos de lesa humanidad no solo resulta descabellado, sino que conduce a una peligrosa banalización de un tipo penal grave.
El artículo 7° del Estatuto de Roma establece claramente que para que el homicidio, la tortura o una privación ilegal de la libertad puedan ser considerados delito de lesa humanidad deben haber sido cometidos “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Los hechos investigados no pueden presentarse como habiendo afectado a una población civil cuando se trató de ciudadanos bajo el Código de Justicia Militar, derogado luego en la gestión de la ministra Nilda Garré y sin que a la fecha se dictara otro.
El hostigamiento a las Fuerzas Armadas debe cesar; máxime cuando militares y analistas ingleses no han hecho más que destacar el desempeño de nuestras tropas en las islas.
En octubre pasado, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal había resuelto anular –con los votos de Diego Barroetaveña, Alejandro Slokar y la disidencia de Carlos Mahiques– el procesamiento del militar Gustavo Malacalza. Contrariaba así dos instancias anteriores para sostener que no se trataba de delitos de lesa humanidad y que, por lo tanto, se encontraban ya prescriptos. Dicha Cámara resolvió ahora unánimemente que la causa siga abierta, haciendo lugar a un recurso extraordinario interpuesto por el fiscal general Javier de Luca, el Centro de Excombatientes Islas Malvinas, la Comisión Nacional por la Memoria bonaerense, la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y el abogado Miguel Ángel Ávila.
La Cámara habilitó así a la Corte Suprema de Justicia a pronunciarse sobre las presuntas torturas y vejámenes sufridos por subordinados en las islas. El alto tribunal, que ya desoyó razonablemente un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) oponiéndose a que se convierta en una “cuarta instancia” revisora, ya acumula 11 recursos extraordinarios sobre los que debe decidir si constituyen o no delitos de lesa humanidad.
Como ya expresáramos reiteradamente desde este espacio, es tiempo de retomar la cordura y dejar de lado peligrosos extravíos ideológicos, económicos y jurídicos que esconden tan turbias como millonarias intenciones pecuniarias. El hostigamiento a las Fuerzas Armadas en torno de este tema debe cesar; máxime cuando militares y analistas ingleses no han hecho más que destacar el desempeño de nuestras tropas en las islas. Honremos en este nuevo aniversario a quienes las defendieron hasta el último aliento. En su memoria, no dejemos que nadie con aviesas intenciones malintencionadas pretenda sacar provecho de aquella trágica y gloriosa gesta.