Modelo, este, que en su opinión es “excepcional, porque hay muy pocos temas en los cuales los argentinos tengamos semejante nivel de consenso”. Por lo cual argumenta que “no podemos volver a discutir este tema sobre los juicios de lesa humanidad porque ya está resuelto”.

Todo esto fue dicho por el ministro de la Corte Suprema en una conferencia magistral titulada “El rol del Poder Judicial en la defensa de los derechos”, que pronunció en la ciudad de Resistencia el 23 de septiembre pasado.

La apología de los juicios por crímenes de lesa humanidad que hace Lorenzetti se explica por el enérgico cuestionamiento que los mismos han recibido por parte de juristas e intelectuales de la talla, entre otros, de Carlos Fayt y Gregorio Badeni.

Así, por ejemplo, se los objeta por el hecho de violar de manera flagrante el Art. 18 de la Constitución Nacional (el que consagra el principio de legalidad) o el de partir de una premisa mayor falsa; la que sostiene que el gobierno militar surgido del golpe de Estado de 1976 ejecutó un Plan Sistemático de Exterminio de la Población Civil con el propósito de aplicar un plan económico dirigido a enriquecer a los empresarios locales. Un disparate que quiere hacer creer a todos que a los terroristas que asesinaban, extorsionaban, tomaban pueblos o cuarteles y secuestraban personas, los reprimieron por su condición de civiles y no por los crímenes alevosos que cometían. Y esto por no mencionar que la represión la inició el 20 de junio de 1973 el gobierno peronista (al mes de asumir el gobierno) con la “masacre de Ezeiza”. Tres años antes del golpe de Estado.

EL CLAMOR POPULAR ES FUENTE DE JUSTICIA

De los dichos de Lorenzetti en la conferencia citada, lo único que se corresponde con la realidad es que los juicios por crímenes de lesa humanidad constituyen una "política de Estado excepcional”. Lo demás no solo es equívoco, sino que, además, revela una manera de entender la ciencia del Derecho que no se condice con las garantías a los ciudadanos que la Carta Magna establece.

Que un ministro de la Corte Suprema admita que fallos de la institución que integra tienen su origen en el “clamor popular” debiera implicar un escándalo nacional y concluir en un pedido de juicio político por mal desempeño en sus funciones.

Esta manera de entender la justicia por parte de Lorenzetti se puso de manifiesto, por ejemplo, cuando le negó el beneficio del 2x1 a los acusados por lesa humanidad, que los otros integrantes de la Corte, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco, por mayoría, habían dictado. En flagrante violación del principio de igualdad ante la ley, Lorenzetti señaló en aquella conferencia que los juicios de lesa humanidad permitieron “reconectar a los poderes judiciales con la sociedad”.

“La mejor prueba de esto es que cuando se decidió algo contra ese consenso hubo una enorme reacción en todo el país”, dijo en relación a la sentencia conocida como el 2x1. “Hubo una reacción muy grande en todo el país, se percibía que esto podía significar una desconexión, un retroceso”.

FUE UNA COMPONENDA

Pero lo cierto es que los juicios por crímenes de lesa humanidad no se originaron ni en “el clamor popular”, ni en “el consenso”, ni en “el contrato social”. No hubo referéndum alguno que solicite la opinión de los argentinos al respecto. Lo más parecido a una compulsa sobre la opinión que de los represores tiene el pueblo fueron las elecciones del año 1995 en la provincia de Tucumán. Elección que consagró al general Antonio Domingo Bussi como gobernador de la provincia. El clamor popular y el consenso allí se expresaron nítida y tangiblemente, ¿o no?

No fue un consenso, ministro Lorenzetti. Fue una componenda entre Néstor Kirchner y los ministros de la Corte nombrados por él. Componenda que no aceptaron los jueces depuestos por el golpe de Estado a la Corte iniciado por Duhalde y consumado por Kirchner.

Hay que destacar que, mientras fue presidente, Fernando de la Rúa no hizo el menor intento por tener una Corte dependiente. El golpista Duhalde, en cambio, nombró juez de la Corte al senador peronista por Córdoba Carlos Maqueda, quien devolvió el favor en forma mecánica al solicitar la renuncia del doctor Julio Nazareno, el entonces presidente de la Corte. Este último, al contrario de Maqueda, fue propuesto por un presidente refrendado por las urnas.

Las pruebas de la componenda están a disposición de quien quiera buscarlas. Así, por ejemplo, en la película producida por el Centro de Estudios Salta “Será Venganza” (censurada por un maniobra fascista de las autoridades de la Feria del Libro de Buenos Aires) se puede ver un fragmento de la entrevista que le hiciera Nelson Castro al entonces jefe de gabinete de Néstor Kirchner, Alberto Fernández, donde éste manifesta que fue testigo directo de la reunión en la que Kirchner, a los nuevos ministros, les demandó sólo dos cosas: una, la no dolarización de los depósitos del corralón impuesto por Duhalde y dos, la habilitación de los juicios por crímenes de lesa humanidad a los militares, policías, jueces y civiles que combatieron la subversión; salvo, claro está, aquellos que tuvieron el tino de sacarse una foto abrazando a Hebe de Bonafini (Zaffaroni, Milani y otros).

Al igual que en la película citada, en el libro “Asalto a la Justicia”, el exministro de la Corte Adolfo Vázquez cuenta cómo fue el apriete que llevó adelante Néstor Kirchner para que esa Corte respaldara la persecución judicial al colectivo de los represores. Cuenta Vázquez que advirtió a Kirchner de la aberración jurídica que ello implicaba.

Dentro de la lógica económica populista, es entendible la obsesión Kirchner (y de Duhalde) por impedir la dolarización de los depósitos de los ahorristas. No así, sin embargo, la solicitud hecha a los jueces que estaba por nombrar para que persiguieran a los militares a través de los juicios por crímenes de lesa humanidad.

Nunca antes de ser presidente Kirchner se había pronunciado sobre este tema. Cabe sospechar que se trató de un disfraz para, desde el primer día, entrar a saco por los fondos públicos como si no hubiera un mañana. “La izquierda te da fueros”, frase que se le atribuye, abona esta hipótesis.

UNA FARSA

Los juicios por crímenes de lesa humanidad constituyen una farsa que corroe salvajemente el honor de las Fuerzas Armadas y del poder judicial. La política de Estado que impuso Kirchner a la Corte atravesó la presidencia de Mauricio Macri y persiste en los dos años que lleva el presidente Javier Milei (quien ha dicho que el tema no está en su agenda).

El gobernador chaqueño, Leandro Zdero, asistió a la conferencia y declaró “Visitante Ilustre” a Lorenzetti. Ello, sin embargo, no agrega ni quita nada a la verdad. Esto es, que los juicios por crímenes de lesa humanidad no son el resultado de escuchar al “clamor popular”, sino la deriva de otro chanchullo más del kirchnerismo.

* Miembro del Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos de Salta (CES)

*Miembro del Centro de Estudios en Historia, Política y Derechos Humanos de Salta