Ex agentes ocuparon el miércoles (14 ago 2013) la Jefatura de la Policía de San Luis en el marco de un conflicto salarial que derivó días atrás en la exoneración de 51 efectivos, tras lo cual renunció el jefe de la fuerza de seguridad, Miguel Ubieta, y el gobierno acusó al kirchnerismo de encabezar la protesta, según lo informó el diario Los Andes de la ciudad de Mendoza, citando un despacho informativo de la agencia de noticias Diarios y Noticias (DyN)
La intrusión en la jefatura de policía durante la madrugada fue duramente cuestionada por "violenta" y denunciada por el gobierno ante la justicia, donde pidió el "desalojo y detención de las personas que se encuentran dentro del edificio", precisó DyN..
El jefe interino de la Policía, comisario Oscar Papagno, intentó por la tarde abrir una nueva instancia de negociación al ingresar al predio ocupado con la orden del juez Jorge Sabaini Zapata, que dispone el desalojo bajo la condición de que se agoten las instancias de diálogo.
Para ello, Papagno entró cerca de las 18 al hall de la jefatura y pidió la presencia de un delegado de cada Unidad Regional y del abogado Alejandro Miranda, ex policía que representa a los manifestantes, para retomar las conversaciones.
En forma paralela, unos 74 nuevos oficiales asumieron en el cuerpo de seguridad de la provincia, en un acto que se realizó en la sede gubernamental de Terrazas del Portezuelo.
El ministro de Seguridad provincial, Martín Olivero, dijo que esperaba que "la salida sea pacífica" tras la denuncia presentada ante la justicia.
En diálogo con DyN, sostuvo que en la madrugada de hoy (por el miércoles) la sede policial "fue tomada por unos cincuenta encapuchados" que ingresaron "violentamente armados y con palos", entre los que se encontraba personal que había sido separado tras el acuartelamiento de la semana pasada.
Olivero precisó que en ese marco el jefe policial Miguel Angel Ubieta presentó su renuncia y el gobernador Claudio Poggi se la aceptó, tras lo cual asumió la conducción de la fuerza el subjefe, Oscar Papagno, quien presentó la denuncia judicial para reclamar el desalojo de los insubordinados.
El conflicto se había iniciado hace una semana con reclamos salariales y laborales, como una suba del 75 por ciento en los haberes de las escalas más bajas, e incluso los policías de Villa Mercedes tomaron la sede de esa repartición tres días.
Tras el levantamiento de la medida, el lunes el gobierno dispuso exonerar a 51 efectivos involucrados en la protesta.
Ante ello, los manifestantes ocuparon hoy la Jefatura de la Policía provincial y el gobierno de Poggi acusó a dirigentes del kirchnerismo de encabezar la protesta de los policías.
El ministerio de Relaciones Institucionales y Seguridad de la provincia señaló que hoy los manifestantes, encabezados por un ex agente "de apellido Carrasco, familiar de Alejandro Miranda abogado asesor de los policías, dirigente del kirchnerismo local", ingresaron "por la fuerza" a la sede policial.
Los manifestantes, según el gobierno, entraron "con armas y palos, rompiendo vidrios, parte del mobiliario del edificio, arrojando elementos de pirotecnia y piedras a quienes se encontraban en interior del edificio".
El fiscal de Estado, Ricardo Endeiza, y Papagno, presentaron una "denuncia penal" ante la justicia y pidieron "el urgente dictado de una medida cautelar en pos de asegurar la integridad física de las personas que se encuentran privadas de su libertad, asegurar la paz social y los bienes del Estado".
También pidieron que "ordene el desalojo y la detención de las personas que se encuentran dentro del edificio, se le dicte una medida restrictiva de ingreso y la constatación de daños".
Alejandro Miranda, un ex comisario que fue dado de baja por un conflicto similar en 2005, dijo que "la Jefatura no está tomada" dado que "los jefes y la plana mayor entran y salen cuando quieren, lo mismo que cualquier otro efectivo".
El abogado aseguró que planeaba "presentar un recurso administrativo" en el gobierno y ante la Justicia "presentaremos una acción de amparo".
En ese marco, cuestionó el pase a disponibilidad a los oficiales y suboficiales sancionados porque, dijo, "no hay un solo fundamento sólido que justifique la medida".