El diario Clarín en su edición del miércoles 24 de abril revela que el ministro de Defensa, Arturo Puricelli, remitió al fiscal de Tucumán el legajo del controvertido subjefe del Ejército, General de División César Milani, que investiga las secuelas de la lucha antiguerrillera de los 70 en esa provincia. Milani era apenas subteniente en esos años y ahora el análisis de su actuación permitirá dejar en claro si se usa la misma controvertida, injusta y anticonstitucional vara, para medir las responsabilidades penales en aquellos dolorosos años de luto, sangre y metralla.

Los jueces que con una consideración netamente política y partidaria llevan adelante la mayoría de los juicios, no discriminan la bajísima graduación ni el cumplimiento de órdenes. Del millar de procesados y encarcelados por esa situación, la gran mayoría era contemporánea de Milani. El diario Clarín encuadra este tema ahora en la guerra sin cuartel que se libra por el control de lo poco que queda en el Ejército.

El artículo, firmado por el periodista Daniel Santero, expresa: 

El ministro de Defensa, Arturo Puricelli, remitió el legajo del vicejefe del Ejército y jefe de inteligencia de la fuerza, general de división César Milani, al fiscal de Tucumán que investigan los crímenes de lesa humanidad cometidos en el Operativo Independencia.

Milani es el candidato de la ex ministra de Defensa y actual de Seguridad, Nilda Garré, para ser el nuevo jefe del Ejército en reemplazo del teniente general Luis Pozzi. En cambio, Puricelli se inclina por otros candidatos para reemplazar a Pozzi. Además, el secretario de Seguridad y coronel médico, Sergio Berni, ganó espacio en el entorno de la presidenta Cristina Kirchner y seguramente también será escuchado a la hora de decidir quién reemplazará a Pozzi. Milani y Berni sospechan que uno ha dejado trascender sobre el otro datos sobre supuestos enriquecimientos ilícitos en sus patrimonios.

La indefinición sobre quién reemplazará al jefe del Ejército está retrasando los ascensos y cambios de destino en el arma, que generalmente se hacen a fin de año.

Los antecedentes militares de Milani fueron solicitados el 18 de marzo pasado por el fiscal federal de Tucumán, Pablo Camuña, revelaron a Clarín fuentes militares. .

Milani participó en 1976 con el grado de subteniente del “Operativo Independencia” contra la guerrilla en Tucumán. Ese plan comenzó en 1975 comandado por el general Acdel Vilas hasta que en diciembre de 1976 fue reemplazado por el hoy fallecido general Antonio Bussi, quien está procesado por haber cometido delitos de lesa humanidad en esa provincia.

En el resumen del legajo del Senado, solo se afirma que Milani, como subteniente especializado en inteligencia estaba destinado en el batallón de Ingenieros de Construcción 141 con sede en La Rioja pero en “comisión en Tucumán” donde estuvo entre el 1 de febrero de 1976 y el 6 de febrero de 1977.

Con ese legajo, el fiscal tucumano decidirá si lo imputa o no cierra la posibilidad de que Milani haya participando o conociera las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el Operativo Independencia. En otras causas por la represión ilegal, los jueces vienen aplicando el criterio jurídico denominado “dominio de hecho”, según el cual los militares aunque no hayan participado no podrían haber ignorado la tortura, fusilamientos ilegales o desapariciones.

Mientras se resuelve la interna del arma (sic debe leerse en todos los casos fuerza), Pozzi prácticamente no tienen contactos con Milani. Las fuentes contaron que, por ejemplo, después del fin de semana largo de Semana Santa, Pozzi convocó a una reunión de 28 generales para analizar una nueva reestructuración militar indicada por Puricelli, que “implica una reducción de efectivos de entre el 20 y 25 por ciento”. Milani no asistió al encuentro con excusas formales y dejó trascender entre los mandos del arma que no quería avalar con su presencia “medidas perjudiciales” para el arma.