República Argentina: 6:07:57am

Nacional

Una resolución de la Ministra de Seguridad, Nilda Garré, ordenando a los jefes de la Gendarmería y Prefectura Naval para que “suspendan los efectos” ocasionados por el cumplimiento de sentencias judiciales que equiparan a activos y retirados por orden de la Corte Suprema de Justicia (casos Salas y Borejko), pareciera ser la punta de lanza en una nueva estrategia gubernamental, ahora poselectoral, tendiente a impedir el cumplimiento de la Ley de Personal Militar y Fuerzas de Seguridad.
La disposición de la ministra (resolución 1066) de fecha 30 de octubre, establece, además, la creación de una comisión especial para analizar los reclamos de equiparación de haberes formulados judicialmente por retirados, señala la necesidad de “estimar el impacto en el Tesoro Nacional” que tales erogaciones implican, al tiempo que abre las puertas a una salida “jurídico legislativa” al tema.

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La edición mensual impresa, número 253, de TIEMPO MILITAR  ganó este jueves (3 de noviembre de 2011) la calle con un artículo de primera plana que comenta cómo, tras una insólita y maratónica batalla judicial, un militar retirado, de 103 años de edad, pudo hacerse de sus haberes de retiro conforme lo que estipula la ley, es decir equiparado con los que perciben quienes están en actividad.
El fallo, de una magistrada federal de la Seguridad Social, consideró más que atendibles los argumentos planteados por el defensor del reclamante, el abogado Julio César Anselmi. La medida robustece también la postura de librar acciones de amparo para declarar inconstitucionales las acciones llevadas desde el Estado, a través del IAF, que podan literalmente la mitad de lo que percibían a

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