La presidenta Dilma Rousseff tomó, una decisión tan drástica como controvertida. Este domingo (20 oct 2013) dispuso enviar a Río de Janeiro más de 1.100 soldados y oficiales del Ejército “con el objetivo expreso de reprimir manifestaciones programadas para el lunes, cuando se privatizará la más rica área petrolera del país”, según un informe de la corresponsal del diario Clarín en el vecino país, Eleonora Gosman.
Se trata de Campo de Libra, un yacimiento de crudo ubicado frente a la Bahía de Santos con capacidad estimada de producción de 1,4 millón de barriles diarios. Esto representa nada menos que la mitad de todo lo que produce Brasil en la actualidad. Inmediatamente el artículo, publicado el sábado (19 oct) en el rotativo capitalino expresó:
El ministro de Justicia, Eduardo Cardozo, confirmó la firma de un decreto de la presidenta que autoriza al Ejército a intervenir como fuerza de represión. Es la primera vez, desde que el PT está en el gobierno (enero de 2003), que las Fuerzas Armadas tendrán un papel tan protagónico en cuestiones de “seguridad interna”. Los blancos de semejante dispositivo penalizador son los funcionarios de Petrobras, que desde antes de ayer están en huelga, los estudiantes, docentes y las más variadas organizaciones de la izquierda.
El ministro de Defensa Celso Amorim confirmó, además, que el gobierno movilizó a la Fuerza Nacional, un cuerpo creado bajo el gobierno de Lula da Silva para ayudar en el combate a las mafias del narcotráfico, que operan en el país. Ayer, al ser interrogado por los periodistas sobre los “riesgos” de movilizaciones contra la licitación, Amorim dijo: “Si no hubiera riesgo, no nos habrían llamado”.
