La decisión de la Corte Suprema de Justicia de ratificar la prescripción de la causa por la voladura del comedor de la ex Superintendencia de Seguridad Federal, en 1976, reavivó el miércoles (01 agosto 2012) la controversia sobre qué realmente se entiende por delitos de “lesa humanidad” y si éstos, no son aplicables también a los terroristas que cometieron hechos aberrantes en el mundo, tales como los ataques a las Torres Gemelas, los atentados en Atocha y la bomba en un avión en Lockerbie, Escocia.
Se trata del ataque contra el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal de la Policía, en el cual murieron más de 20 personas y varias decenas resultaron heridas. La medida alcanza al líder de Montoneros Mario Eduardo Firmenich y al periodista Horacio Verbitsky, También a Laura Silvia Sofovich, Miguel Angel Lauletta y Lila Victoria Pastoriza, acusados por el ataque. En la causa están mencionados Marcelo Kurlat y Norberto Habegger, pero ambos están desaparecidos.
Al hacer mención a la información, el periodista Samuel “Chiche” Gelblund, en su programa “Hola Chiche” por Radio Mitre.
Gelblund opinó que no va a haber verdadera justicia en la Argentina, que algo anda mal, hasta que los líderes terroristas de los 70, entre ellos Firmenich, ocupen el mismo lugar en la cárcel que quienes, desde el Estado, dirigieron estructuralmente las acciones de contraterrorismo en la Argentina.
En la bomba contra Seguridad Federal, sin entrar a analizar el fondo del asunto, los jueces de la Corte Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni declararon “inadmisible” y, por tanto, “improcedente” el último recurso presentado por las familias de las víctimas de ese hecho para que sea considerado un crimen “imprescriptible”. El planteo había sido realizado por Antonio, María Alejandra, Gabriel y María Carolina Cepeda, viudo e hijos de Josefina Melucci de Cepeda, una de los 23 muertos en el ataque.
Por aquel atentado también fueron acusados el periodista y escritor Rodolfo Walsh, desaparecido durante la dictadura, y José María Salgado, un ex agente de la policía acusado de haber colocado el explosivo. La causa fue declarada “prescripta” por la jueza María Servini de Cubría, una medida luego confirmada por la Sala I de la Cámara Federal porteña.