Las nuevas liquidaciones de haberes militares, conforme los nuevos parámetros establecidos por el controvertido fallo Zanotti de la Corte Suprema de Justicia comenzarán a ser aplicadas, finalmente, en el presente mes de Julio por lo que ahora sí, en definitiva, habrá que controlar los recibos de fin de mes, según ese advierte en la edición impresa, numero 261, de TIEMPO MILITAR que ganó la calle el pasado jueves 5 de julio.
Esto quiere decir que recién en las últimas horas hábiles del presente mes de julio o bien en los primeros cinco días hábiles de agosto, cuando por norma habitual se liquidan los haberes y se tiene acceso a las boletas, se podrá tener una idea, en función de lo que realmente se percibe, de cómo se está liquidando. Los lectores deberán recordar que hubo sucesivas idas y venidas con este tipo de instrucciones a partir de las comunicaciones de los departamentos contables de las fuerzas de la imposibilidad de aplicarlas en tiempo y firma.
Las directivas están contenidas en un complejo cuadro (ver facsímil del documento oficial en la portada ajunta de TIEMPO MILITAR) que a través del ministerio de Defensa se cursó a los Estados Mayores de las Fuerzas Armadas (todavía no se sabía el criterio con Fuerzas de Seguridad) y que comenzó a ser instrumentado por las distintas contadurías de los servicios armados.
Es tan complejo e intrincado el instructivo aludido (quizás por aquello de hacerlo todo confuso para que nadie lo entienda) que para llegar a una conclusión definitiva, recibos de sueldo en mano, los beneficiarios necesariamente deberán requerir la opinión de sus respectivos letrados, para el caso de aquellos que hallan iniciado juicios al Estado. Quienes no lo hayan hecho igualmente deberán buscar asesoramiento si encuentran diferencias desfavorables, pues hay posturas encontradas en determinados puntos y terminología.
En otro plano, la edición 261 también incluye un nutrido temario con notas de opinión que abarcan profundos cuestionamientos al accionar parcial de la justicia, a casos absurdos de persecución, como también a incomprensibles actitudes del Poder Ejecutivo, como el caso de promover post mortem al grado inmediato superior a un ex oficial de la Armada, militante de Montoneros, responsable de la muerte del asesinato de un camarada durante los sangrientos años de la guerra antisubversiva.