Especialistas en la materia consultados por TIEMPO MILITAR coincidieron en que nada podrá hacerse hasta tener los recibos de haberes en mano, ya que las versiones se multiplican sin solución de continuidad y cualquier apresuramiento sería sobre bases antojadizas, particularmente cuando, como se indicó más arriba, aún no están concluidas las liquidaciones.
Sí, se sabe, de fuertes cruces interpretativos entre los departamentos contables de las fuerzas y, particularmente en el caso de los retirados, con el Instituto de Ayuda Financiera (IAF). La multiplicidad de liquidaciones y disparidad de haberes entre beneficiarios de un mismo grado, según el tipo de aplicación y resolución que en su momento determinó tanto una medida de amparo como una sentencia, crea otro problema y una suerte de cuello de botella a la hora de tomar decisiones definitivas.
Más aún, TIEMPO MILITAR pudo saber este viernes que era tal la situación de heterogeneidad en las liquidaciones que incluso las ordenadas quitas tampoco se podrían aplicar en los sueldos de mayo que se percibirán en junio y que la hora de la verdad definitiva recién alumbraría en julio.
Desde el punto de vista constitucional, las leyes y la jurisprudencia no pueden tener efectos retroactivos, pero está claro que –fundamentalmente en lo que hace a la aplicación de las normas del derecho en el juzgamiento a militares por hechos ocurridos hace 40 años- esa premisa no parece ser el fuerte ni el norte de las intenciones del actual Gobierno. Por otra parte está claro que la actual administración acata las decisiones de la Corte si ellas, como en este caso, favorecen sus intereses y objetivos.
TIEMPO MILITAR está preparando en su edición digital -y que será habilitada sobre el fin de mes- una nueva compulsa para establecer cómo se realizaron las liquidaciones. Se procurará aplicar un cuestionario lo más detallado posible para albergar la mayor cantidad de respuestas en función de los haberes activos como de los retirados.