"La revocó en la parte que afirmaba que tales asesinatos no tipifican delitos de lesa humanidad. Pese a esta revocación, el tribunal consideró que no debía avocarse a resolver si lo eran o no, porque los autores del hecho habían sido juzgados y condenados, no surgiendo nuevos hechos o pruebas que permitieran volver a juzgarlos bajo los parámetros de crímenes de lesa humanidad", explicó el apoderado.
Vigo Leguizamón advirtió que al interponer el recurso de casación contra la sentencia, María Cristina Picón de Viola (viuda y madre de las víctimas), denunció que la Cámara Federal de Apelaciones no había advertido que existían partícipes del hecho que no habían sido jugados. "Además, en relación a los condenados, imputó a la Cámara Federal haber irregularmente no glosado en debido tiempo al expediente ni analizado como hecho sobreviniente la declaración prestada por Antonio Cafiero en la causa "Larrabure", añadió. El militar fue secuestrado el 10 de agosto de 1974 en la fábrica militar de Villa María, Córdoba, y pasó 372 días en una cárcel del pueblo para posteriormente ser asesinado por el ERP. Su cadáver apareció en Rosario el 23 de agosto de 1975. En ese expediente, según Vigo Leguizamón, Cafiero afirmó que las organizaciones guerrilleras realizaron un ataque sistemático a la población civil para imponer un plan criminal extremo, tipificante de los crímenes de lesa humanidad.
A su vez, el abogado recordó que Cafiero también reconoció que las organizaciones guerrilleras ocuparon puestos claves de la administración de Héctor Cámpora y de Juan Domingo Perón.
La viuda de Viola, paralelamente, aportó como hechos nuevos las declaraciones prestadas en la causa "Larrabure" por el médico de Perón, Pedro Cossio, por su edecán, Carlos Corral, y por el filósofo José Pablo Feinmann. Cossio declaró que luego del ataque del ERP al Regimiento de Azul, Perón le confió que había sido facilitado por gobernadores traidores. Esto, según Picón de Viola, fue ratificado por Feinmann.