El Poder Ejecutivo dictó la medida después de que el Senado de la Nación aprobara la la propuesta de ascensos del personal militar presentada por el Ministerio de Defensa, en una sesión realizada el 16 de noviembre pasado en la Comisión de Acuerdos.

Las promociones de mayor rango alcanzan al General de División, Guillermo Olegario Gonzalo Pereda, actual jefe del Ejército Argentino, que será ascendido al rango inmediatamente superior desde el 15 de diciembre de 2021.

Además, se dictó la demorada promoción del vicecomodoro José Alfonso TORRES, que ascenderá de rango de manera retroactiva al 31 de diciembre de 2016; y del teniente coronel Agustín Marcelo Rodríguez, ex jefe de la Casa Militar durante el segundo mandato de la entonces presidenta Cristina Kirchner.

 

El resto de la nómina alcanzada por la promoción del Poder Ejecutivo se efectivizará, de manera retroactiva, al 31 de diciembre. Involucra a miembros que pertenecen distintos escalafones del personal militar, entre los que se destacan, en el Ejército, tenientes coroneles del cuerpo de comando, personal especializado, auditores, intendentes, médicos, bioquímicos y odontólogos.

En el caso de la Fuerza Aérea Argentina, se promulgó el ascenso de decenas de brigadieres, comodoros, vicecomodoros, y miembros de los escalafones de contabilidad, técnico, de medicina, odontología, y de jurídicos, entre otros.

Los oficiales del personal militar estaban expectantes con que se avanzara con la promoción. De acuerdo a fuentes castrenses consultadas por Infobae, esta vez, y por decisión presidencial, no se realizará la tradicional ceremonia de entrega de sables y diplomas a los nuevos oficiales superiores. Alberto Fernández y el ministro Jorge Taiana trataron el tema en una extensa reunión de dos horas.

La suspensión del acto protocolar llama la atención, ya que se trata de una tradición que cuenta con más de 100 años, según los conocedores del tema, y que no se suspendió durante la pandemia de coronavirus.

Diferencias políticas en el Senado

En el debate legislativo en la Comisión de Acuerdos del Senado, cuando se trataron los 219 pliegos militares, hubo algunas críticas al oficialismo. Por ese entonces, el senador y ex ministro de Defensa, Julio Martínez (UCR-JxC) denunció que se habían “borrado” 9 pliegos de ascenso de oficiales de las Fuerzas Armadas que figuraban en la lista propuesta por el ministro Jorge Taiana y aprobados por el presidente Alberto Fernández.

“El accionar de la Presidencia de la Comisión de Acuerdos durante el tratamiento de los pliegos de ascensos de los Oficiales Superiores de las Fuerzas Armadas fue bochornoso. Al igual que lo ocurrido en 2021, misteriosamente desaparecen en el dictamen algunos de los nombres propuestos en el mensaje del Poder Ejecutivo, sin que se haya expresado objeción alguna durante el desarrollo de la reunión”, dijo el senador riojano, al apuntar contra la titular del órgano parlamentario, Anabel Fernández Sagasti.

Durante el tratamiento en la Cámara Alta, el senador del Frente de Todos y de estrecha confianza de Cristina Kirchner, Oscar Parrilli, explicó las ausencias y exclusiones. “Por respeto a los miembros de las Fuerzas Armadas, tanto los que proponemos aprobar como los que estamos proponiendo que se rechace la propuesta de ascenso, no vamos a explicar públicamente los motivos, reitero, por una cuestión de respeto a las personas y a la integridad personal de ellos”, dijo el legislador.

“Estamos ejerciendo una atribución constitucional. Son motivos personales, de las personas en sí y de su carrera, y por ese motivo estamos propiciando el rechazo. No estamos haciendo ninguna otra cosa que cumplir con la Constitución, que dice que es el Senado el que da o no el acuerdo”, había aclarado Parrilli al respecto de las exclusiones.

Antes de llegar a manos de la Comisión de Acuerdos, los mandos militares realizan juntas de evaluación y calificación de todo el personal militar en condiciones de ascender al grado inmediato siguiente. Luego de un proceso interno, los jefes de estado mayor de cada fuerza remiten su propuesta al Ministerio de Defensa, donde el legajo de cada oficial es escrutado nuevamente no solo en lo profesional, sino que además se le solicita opinión al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una ONG que revisa lo atinente al apego por parte del militar a la temática relacionada con los derechos humanos.