La jueza federal subrogante Silvina Domínguez había dispuesto hace unos meses hacer la transferencia inmediata a la comunidad aunque previamente el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) tenía que ceder los terrenos a la comunidad. El lugar en discusión está ubicado a la altura del kilómetro 9 de la Avenida Bustillo en la localidad de Bariloche, donde funciona la Escuela Militar de Montaña.
Disconforme con la medida, el Ejército Argentino, a través del Ministerio de Defensa, apeló la decisión de la magistrada subrogante pero lo hizo fuera de plazo establecido por la ley. Por eso, la Cámara de Apelaciones Federal de Roca desestimó rápidamente el planteo.
La demora en la apelación motorizó una denuncia de un grupo de legisladores contra los abogados del Ejército. Fue en ese expediente dónde el fiscal federal Carlos Stornelli pidió una medida de “no innovar” para frenar la transferencia de los terrenos hasta que se sepa finalmente quién es el verdadero propietario sobre el predio.
El juez federal Daniel Rafecas rechazó el pedido de Stornelli. Y el fiscal recurrió a la Cámara Federal de Comodoro Py que le hizo lugar al pedido del fiscal.
“Entendemos que corresponde revocar la decisión de fecha 25 de noviembre y hacer lugar a la prohibición de innovar requerida a los efectos de impedir la producción de cualquier acto administrativo por parte del Poder Ejecutivo Nacional, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas o cualquier otro organismo público que pudiera resultar con competencia tendiente a transferir el dominio de las tierras cuya mesura afuera por Resolución N°1174 o cualquier otro acto que pudiera significar extraerlas del dominio público”, dice el escrito de los camaristas.
Lo cierto es que la nueva resolución de los camaristas trabará nuevamente la transferencia de esas tierras, dijo Mendoza Online.