Tras desestimar los planteos de nulidad de las defensas, el tribunal, integrado por Esteban Rodríguez Eggers, Matías Mancini y María Morgese, determinó que los delitos analizados eran de lesa humanidad. Rodríguez Eggers, presidente del TOF 4, fue el encargado de leer las condenas para Roberto Dambrosi, exjefe de la Compañía de Actividades Psicológicas del Batallón 601 de Inteligencia; Juan Firpo, exjefe de la Central Contrainteligencia; Jorge Bano, quien integró la Sección Operaciones Especiales (SOE) de la guarnición de Campo de Mayo; Eduardo Ascheri, también integrante de la SOE de Campo de Mayo; Marcelo Sixto Courtaux, jefe de Actividades Especiales de Inteligencia y Contrainteligencia del Destacamento de Inteligencia 201
Los jueces ordenaron además que los cinco condenados sean enviados a una cárcel común (y no cumplan prisión domiciliaria), después de que se verifique el estado de salud de cada uno.
En tanto, y en función de un pedido formulado por el abogado defensor Hernán Corogliano antes de la lectura del fallo, los jueces dispusieron que Jorge Apa, quien se desempeñó como jefe de la División Inteligencia “Subversiva Terrorista”, dependiente la Jefatura II de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército, sea analizado por una junta médica para establecer si está “en condiciones de comprender” los delitos por los cuales fue juzgado. En el plazo de diez días hábiles se decidirá si Apa, condenado por delitos de lesa humanidad en otra causa, puede escuchar la sentencia del tribunal.
La causa
En esta causa se analizaron los delitos de lesa humanidad cometidos durante la represión ilegal contra los militantes de la organización Montoneros que participaron de la “contraofensiva”, una acción emprendida entre 1979 y 1980 por grupos de integrantes de Montoneros que volvieron al país desde el exilio para enfrentarse con las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar.
Los imputados recibieron condenas por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 94 víctimas, cometidos por el aparato de inteligencia del Ejército que utilizó como base el predio militar de Campo de Mayo, donde funcionó un centro clandestino de detención ilegal.
La audiencia de comenzó a las 9.30- Por las limitaciones impuestas por la pandemia de coronavirus, fue presenciada por 21 personas de forma presencial, divididas en tres grupos de siete. Un grupo estuvo en la sala con los magistrados y funcionarios judiciales, otro permaneció en un lugar acondicionado y otros, mayormente familiares, siguieron la audiencia en la cochera del tribunal.