Los informes que pueda realizar el titular de Gendarmería Nacional en

cualquier situación de connotación pública en virtud del pedido del

Ministerio de Seguridad son estrictamente procedimentales ajenos a

dictámenes judiciales y solo cuentan hechos ocurridos en el lugar de los

acontecimientos. Si después, el poder político elabora otra instancia por la

vía judicial, es ese el lugar donde el funcionario que se sienta perjudicado

debe efectuar el reclamo administrativo correspondiente.

Sin mencionar el hecho de conocimiento público, debemos alejarnos de las

ideologías cuando de casos de seguridad se refieran cualquiera sea el signo

político del partido gobernante. Los problemas se dirimen en las distintas

instancias de la justicia y no afectar aquellas personas auxiliares de los

magistrados que llevan a cabo las investigaciones para dilucidar la verdad de

los incidentes de criminalidad en todo nuestro país.

El funcionario en ejercicio de su gestión al finalizar la misma, no debe

arrogarse de dicho periodo como si fuera lo más sobresaliente y más en

particular cuando los gendarmes que trabajaron en el 2019 son los mismos

que desarrollan tareas de ejecución en el presente año, imprimiéndole el

ahínco, esfuerzo y corrección que han caracterizado a Gendarmería Nacional.

 

Juan Carlos Holm

Especialista en Seguridad

Asesor Del Centro de Estudios Estratégicos Alberdi