Los prefectos están acusados de coautores de homicidio por exceso en la legítima defensa; el hecho ocurrió en 2017 en un desalojo en Villa Mascardi; el proceso judicial podría durar un mes y medio.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de General Roca comenzó hoy el juicio por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel. Cinco efectivos del Grupo Albatros de Prefectura llegan como imputados al juicio oral y público. El proceso judicial podría durar un mes y medio.

La audiencia comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio por parte del secretario del Tribunal, presidido por el Juez Alejandro Silva. Mientras tanto, fuera de la sede tribunalicia, en una plaza céntrica de la ciudad de General Roca, un grupo de integrantes de organizaciones y comunidades mapuche se manifestaba en reclamo de justicia.

El crimen ocurrió el 25 de noviembre del 2017 tras un intento de desalojo en Villa Mascardi, a unos 40 kilómetros de esta ciudad. La Secretaría de Derechos Humanos, que se constituyó en marzo de 2021 como parte querellante en la causa, acusa a los prefectos de haber asesinado a Nahuel luego de una persecución “en la que dispararon decenas de municiones de plomo, cuando los miembros de la comunidad que se buscaba desalojar ya habían abandonado el terreno bajo custodia”.

La fiscalía imputó a los cinco prefectos como co-autores de homicidio por exceso en la legítima defensa. De todos modos, desde la Secretaría de Derechos Humanos indicaron que buscarán probar durante el juicio “que se trató de un homicidio calificado, dado que no hubo legítima defensa por parte de los prefectos”.

El principal imputado es el albatros Sergio Guillermo Cavia: la fiscalía de Bariloche cree que fue el autor del disparo que causó la muerte de Nahuel, hace casi 6 años. También están imputados como partícipes necesarios del delito Francisco Javier Pintos, Carlos Valentín Sosa, Juan Ramón Obregón y Sergio Damián García: conformaban la patrulla que vigilaba el predio que había sido desalojado dos días antes sobre la ruta 40. Su tarea era impedir una nueva ocupación.

El lote, perteneciente a Parques Nacionales, había sido ocupado por la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu a principios de noviembre de 2017. Tras el desalojo, un grupo de integrantes de la comunidad volvió al lugar con el objetivo de “recuperar el territorio”. Fue en ese contexto que ocurrió el crimen de Nahuel, de 22 años. Según la teoría de la fiscalía, los prefectos fueron sorprendidos montaña arriba por un grupo de jóvenes mapuches que los atacaron con piedras.

Entre policías, peritos, miembros de la comunidad mapuche y prefectos, unos 90 testigos brindarán testimonio durante el juicio, que se desarrollará los martes y miércoles en semanas consecutivas hasta su finalización. Se calcula que las audiencias se extenderán hasta septiembre. El tribunal estará presidido por el juez Alejandro Silva.

“El asesinato de Rafael Nahuel es un caso paradigmático de violencia institucional. Es la consecuencia directa de estos discursos muy peligrosos de ‘meter bala’, que terminan con la vida de personas. Salir a perseguir pibes disparando balas de plomo es lo que no debe hacer un Estado de derecho. Mataron a Rafael y podrían haber matado a dos más, que terminaron con heridas en sus brazos”, indicó Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación.

Por Paz García Pastormerlo

Publicado en La Nación