El Departamento envió al Capitolio los detalles de una potencial transferencia de aviones caza F-16 de Dinamarca y otra de aviones P3-C de Noruega.

El gobierno de Joe Biden envió dos notificaciones al Congreso de Estados Unidos sobre dos propuestas de transferencia de equipo de defensa a la Argentina, una operación de venta de hasta 38 aviones de combate F-16 en poder de Dinamarca, y otra de cuatro aviones de patrulla marítima P-3 de Noruega, uno de ellos con capacidad para combatir submarinos.

Las notificaciones, a las que accedió LA NACION, fueron enviadas por el Departamento de Estado y detallan dos operaciones de compra de armamento propuestas a la Argentina. Una operación contempla la transferencia de aviones de combate F-16 de Dinamarca y tiene un valor de venta aproximado de US$338.695.634. Se trata de los modelos más antiguos del avión caza norteamericano, de las que se prevé dos transferencias de hasta seis F-16 de la versión “Block 10″ y hasta 32 aviones “Block 15″. La transacción propuesta con Noruega involucra el traspaso de tres aviones turbohélice de patrulla marítima P3-C y un avión P3-C Orion para patrulla marítima, reconocimiento y combate antisubmarino, por un valor total de US$108.448.910.

Ambas notificaciones indican que Estados Unidos “está preparado para autorizar esta transferencia teniendo en cuenta consideraciones políticas, militares, económicas, de derechos humanos y de control de armas”, y que la transferencia “es consistente con los objetivos de asistencia de seguridad de Estados Unidos”. La aprobación por parte de ambas cámaras del Congreso es un paso previo para la autorización definitiva de la venta. Las notificaciones indican que la fecha propuesta para la transferencia es “inmediatamente después de que el período de notificación esté terminado”. Una vez aprobada la transferencia, la Argentina quedaría en condiciones de adquirir los aviones.

Las operaciones, indican los documentos, son parte de los planes de adquisición en curso de la Fuerza Aérea Argentina y la Armada para reemplazar la flota de aviones Mirage III y V, A-4 y aviones de patrulla P3-B.

La notificación fue enviada por el Departamento de Estado a los Comités de Relaciones Exteriores del Senado y de la Cámara de Representantes, y al presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Ambas notificaciones llevan la firma de Naz Durakoğlu, secretaria Asistente de la Oficina de Asuntos Legislativos, y fueron enviadas con apenas una semana de diferencia, el 7 de julio, en el caso de la operación con Dinamarca, y el 13 de julio, en el caso de la transacción con Noruega.

Las notificaciones del Departamento de Estado al Congreso ofrecen la señal más nítida del interés de la Casa Blanca por la transferencia de armamento a la Argentina, a la vez que brindan detalles desconocidos hasta el momento sobre las opciones que baraja el gobierno nacional para renovar los aviones de patrullaje y combate de las Fuerzas Armadas.

La compra de aviones para modernizar la flota de la Fuerza Aérea y de la Armada se ha convertido en un tema de enorme interés geopolítico para Estados Unidos. Además de estas operaciones con Dinamarca y Noruega –en las que aparece involucrado Estados Unidos porque se trata de aviones de diseño norteamericano–, la Argentina evalúa ofertas de India, y de China y Pakistán. En Washington se sigue con enorme inquietud el avance de China en América latina, y la compra de aviones y de armamento en general tiene profundas consecuencias en las relaciones bilaterales de los países porque implica un salto en la cooperación militar y tecnológica, y, por ende, un vínculo mucho más amplio y estrecho. De hecho, las notificaciones enviadas por el Departamento de Estado dejan en claro que “la transferencia permanente” de las aeronaves involucra también equipo de soporte, y cooperación técnica y de mantenimiento.

Y al aceptar una oferta en detrimento de otras, las transferencias de equipamiento militar también suelen dejar trazos profundos en los vínculos globales.

A principios de mayo, el embajador norteamericano en Buenos Aires, Marc Stanley, había dejado varias advertencias sobre el avance de China en un evento en Washington junto con el embajador argentino, Jorge Argüello. Una de las principales: Stanley dijo que China “quiere tener más presencia militar” en América latina. Y también dijo que están preocupados por la licitación de la red 5G, que podría quedar en manos del gigante Huawei, un destino que Washington cree que dejaría información sensible que circula por la red en manos del gobierno chino.

“El hemisferio occidental es un hemisferio desmilitarizado. A China le gustaría cambiar eso y tener más presencia militar y control allí. Y si ponen aviones chinos allí, y otros países, países occidentales tienen que volverse más defensivos. Estamos creando un problema que no está ahí ahora”, dijo Stanley.

Además de la oferta de aviones F-16 de Dinamarca, el gobierno de Alberto Fernández tiene en carpeta desde hace tiempo la posibilidad de adquirir aviones JF-17 producidos por China y Pakistán. La propuesta de los JF-17, que tendría mejores condiciones financieras, comprende 15 unidades, con la posibilidad de negociar un segundo lote y, eventualmente, un tercero. “Son aviones nuevos y China ofrece un paquete de armamento y sensores muy completo y con pocas restricciones. Los condicionamientos serían, más bien, políticos por el giro que implicaría una operación con China”, confiaron fuentes militares. Las aeronaves de origen chino-paquistaní estarían equipadas con motores chinos, a diferencia de las versiones que operan Myanmar y Nigeria con motores rusos.

Las Fuerzas Armadas argentinas han estado históricamente alineadas con Estados Unidos y con los aliados europeos en el último siglo, que además han dado un fuerte respaldo a la Argentina para encarrilar las múltiples negociaciones que ha tenido el país en el Fondo Monetario Internacional (FMI). China, a la vez, ha comenzado a tener un rol mucho más activo en el desarrollo de la infraestructura y es uno de los mayores socios comerciales y se está convirtiendo en uno de sus principales acreedores del mundo emergente y en desarrollo.

Otra consideración geopolítica es el llamado veto británico. Después de la Guerra de Malvinas, el gobierno del Reino Unido mantiene la presión sobre la industria militar para evitar que se autorice la venta de material militar a la Argentina, lo que frena la adquisición de materiales con componentes británicos o de aliados de Londres. Pero los observadores de las Fuerzas Armadas han dejado entrever que el veto es un obstáculo que puede ser sorteado.

Por Rafael Mathus Ruiz

Publicado en La Nación